De izquierda a derecha: Juan Sitges, director de la Fundación Caser para la Dependencia; César Antón, director general del Imserso; Francisco Juan, director general de DKV Seguros y vocal de la Junta Directiva del IDIS; José María Martín Gavín, director general de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), y Albert Vergés, director general de la Fundación Edad&Vida.

La financiación es el principal caballo de batalla, pero, ¿cómo solucionarlo? Una de las primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy al tomar posesión fue aprobar una moratoria de la entrada de nuevos dependientes en el sistema, y, ya en julio, una reforma del sistema de grados y niveles para, en definitiva, simplicar la valoración. Además, se reformó el copago de forma que el patrimonio del dependiente también sirva para calcular su nivel de aportación. Esta es una fórmula, pero quizá otra sería desarrollar un sistema de aseguramiento privado equivalente al seguro sanitario.

Juan Sitges.

Juan Sitges, director de la Fundación Caser para la Dependencia: Creo que la situación es compleja, no tanto por el propio Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), sino por la coyuntura económica que nos está tocando vivir, que es más compleja todavía para el propio SAAD, porque no ha tenido tiempo suficiente para desarrollarse tanto como debería haberse desarrollado.

Hay cinco o seis puntos sobre los que tenemos que trabajar desde la responsabilidad. El primero de ellos es la unidad de todos, tanto administraciones, como instituciones, el sector público y el privado, el tercer sector, trabajando para garantizar la sostenibilidad del sistema. Además, creo que es tiempo para homogeneizar el catálogo de servicios, de normativa y especialmente de financiación; pero también es tiempo para ser más eficientes desde un punto de vista de coordinación sociosanitaria en términos generales, pero también en términos particulares; por otro lado, hay que aprovechar el momento para profesionalizar los servicios y hacerlo desde un punto de vista de la formación. También hablaría de autonomía personal, aprovechar el momento para desarrollar programas que la promuevan y que, en la medida de lo posible, procuren retrasar la situación de dependencia y, por último, un ejercicio muy importante es el de la transparencia, hay que ser transparentes en los datos que se manejan desde las 17 autonomías para saber qué es lo que realmente hay en cuanto a dependientes, a financiación, etc.

César Antón, director general del Imserso: Hay dos aspectos que me gustaría destacar. Por un lado, qué situación del SAAD nos encontramos al llegar al gobierno, y una segunda, qué hemos hecho para reconducir las mejorar del SAAD.

Al hilo de lo que decía Juan de que había que poner los datos de la dependencia en España sobre la mesa con transparencia, eso es lo primero que hicimos a través del Consejo Territorial del SAAD. Y lo hicimos no solo porque lo mandase la ley, que establecía una evaluación de resultados a los 3 años para poder establecer medidas de mejora y que no se hizo hasta pasados cinco años, cuando se aprobó en el Consejo del 10 de julio. Creo que esa evaluación marca tres cosas fundamentales: un sistema precipitado, con normativa que ha ido aplicándose a la vez que se desarrollaba; las previsiones del Libro Blanco respecto a los datos a 31 de diciembre de 2011 o a 1 de enero de 2012 bastante estaban bastante desfasadas en dos aspectos, por un lado, en cuanto a las previsiones de personas potencialmente dependientes (el Libro Blanco estimaba alrededor de 1.173.000 dependientes en el momento de la aplicación plena de la ley en 2015, y unos 205.000 grandes dependientes, pero a 1 de enero de 2012 más de 1.300.000 personas ya habían sido beneficiarias de la ley y 405.000 eran grandes dependientes); y, por otro lado, obviamente si se hacen esas previsiones y se sobrepasan, las previsiones de financiación tampoco son adecuadas, y se han sobrepasado en 2.700 millones lo previsto, solo en los Presupuestos Generales del Estado.

César Antón.

En otro aspecto, el entramado de grados y niveles nos demostró en esa evaluación que la adecuación del catálogo de servicios, siendo común para todo el territorio, al final analizando la atención dentro de un mismo grado aun en distintos niveles, era muy similar, y se estaba demostrando que las revisiones para cambiar de nivel estaban consumiendo tiempo y recursos a las comunidades autónomas, con lo que había que ajustar el catálogo de servicios. Además, en cuanto a la valoración de grados y niveles estaba claro que las previsiones que se habían hecho estaban superadas.

Por último, en cuanto a la financiación estaba claro que sin analizábamos el catálogo de servicios, distinto en cada autonomía, no eran las comunidades que más desarrollado tenían este catálogo eran las que mayor financiación del Estado recibían porque esta era lineal por usuario y por grado y no se ponderaba la valoración del servicio que se presta.

Además, el sistema se estaba colapsando. Había 305.000 personas valoradas y con reconocimiento de situación de dependencia pero que no habían recibido prestaciones. Y por otro lado se observaba que al seguir entrando en las prestaciones las personas con el menor grado de dependencia, los grandes dependientes no estaban siendo bien atendidos. Por eso, el Gobierno tomó la decisión, consensuada con el Consejo Territorial, de hacer prioritaria la atención a los más dependientes que estaban esperando y diferir un año y medio más a las personas de grado I que tienen menor nivel de dependencia pero que son atendidas por los servicios sociales.

Para terminar, creo que también se ha demostrado que las comunidades autónomas que han interconexionado más o han atendido la dependencia con mayor fuerza a través de la red de servicios sociales, han tenido mejores resultados que aquellas que han creado servicios paralelos. Por lo tanto, la conexión con los servicios sociales y el aspecto sociosanitario es clave y es en lo que estamos trabajando desde el Gobierno.

Francisco Juan, director general de DKV Seguros y vocal de la Junta Directiva del IDIS: Para mí, y para DKV, la atención a la dependencia es un tema no resuelto, o que no está bien resuelto. Se parte de una ley que cuando uno la lee es muy bonita, que viene a cubrir una necesidad que existía, pero que tiene un problema: cuando se hace una ley y no se ponen los recursos necesario de financiación, algo falla. Eso se hizo además en una época en la que todavía no había crisis, y hoy en día, con la crisis, todos aquellos problemas se han acentuado y todos leemos noticias donde se muestran situaciones de demoras, de dar largas, etc., de cosas que no se hacen realmente.

Francisco Juan.

Pensamos que esta situación se puede resolver de otra manera. En otros países se ha resuelto de otro modo, y para nosotros la dependencia es un riesgo, es algo que no va a pasarle a todo el mundo, existe la posibilidad de que una persona sea dependiente en el futuro o no. Por tanto, si es un riesgo, pensamos que hay una forma de tratarlo, que es asegurar ese riesgo.

¿Cómo se puede atender ese tipo de situaciones? Una manera es que la Administración provea, cosa que en la situación económica como la que tenemos no hay posibilidad; otra, que la gente ahorre. ¿Cuánto tiene que ahorrar una persona por si mañana es dependiente? Se habla de cifras en torno a los 200.000 euros o más para hacer frente a esa posibilidad, que tampoco es cierta. Esto hace que mucha gente no pueda llegar a esos niveles y que no se resuelva. En cambio, por la vía del seguro esto se puede resolver, como está resuelto en otros países. El seguro en definitiva es mancomunar un riesgo y entre todos poder cubrir esa contingencia.

Por otra parte, el problema de financiación existe. Y en relación con el seguro, como mínimo la gran dependencia tendría que estar asegurada para todos los españoles, otra cosa es que la provisión fuera pública o privada, es decir, algo así como el modelo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), por poner un ejemplo. Y además, si esto se hiciera de esta forma y con un marco estable, algo que la ley permite pero que no se ha desarrollado, y una garantía de financiación, cosa que el modelo de seguro posibilitaría y garantizaría, permitiría a los proveedores de servicios crear muchísimos puestos de trabajo. Nosotros hemos calculado, comparando con Alemania, que tiene un modelo de seguro, que se podrían crear más de 70.000 puestos de trabajo si existiera una red con garantías estables de prestación de estos servicios. Por tanto, si se establece un marco estable, hay que verlo como una oportunidad.

José María Martín Gavín, director general de Previsión Sanitaria Nacional (PSN): Me gustaría empezar por donde lo ha hecho Juan. Aquí hablamos de un problema que hoy afecta a un contingente importante de personas pero que además es un problema de futuro serio, porque estamos hablando de que la perspectiva es que si hoy estamos en una sociedad relativamente joven y pujante con un número importante de dependientes, a pocos años vista estaremos hablando de que los índices de supervivencia nos van a llevar a duplicar y triplicar la cifra de dependientes en todos sus grados y particularmente de los grandes dependientes. En este sentido nosotros pensamos que hoy es verdad que hay un problema, pero que si pensamos en personas y en garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas, el gran reto, aunque hoy los problemas sean graves, no está en lo que hagamos hoy sino en cómo construyamos el futuro.

José María Martín Gavín.

Son muchas las cosas que se plantean con respecto al catálogo de servicios, a la coordinación sociosanitaria, y, sobre todo, al aspecto de la financiación, que al final es la madre de todas las soluciones y de todos los problemas. Nuestra opinión en esto, empezando por el final, es que si hablamos de los recursos de la sociedad, no tenemos que pensar solamente en los recursos del Estado. Como parte de un sector, el asegurador, y también como prestadores de servicios, porque nuestra entidad gestiona un gerohotel y va a poner en marcha otro a finales de este mes, tenemos en la mano una gran ventaja que el Estado nos ha dado a los gestores, que es que el seguro de dependencia es deducible en el IRPF, al igual que lo es un plan de pensiones, pero lamentablemente la sociedad no conoce suficientemente eso, las entidades aseguradoras no lo hemos trabajado suficientemente bien, no hemos generado toda la sensibilidad, porque la deducción directa en el IRPF es un traspaso de recursos del Estado al ciudadano porque le está aminorando su base imponible para que el pueda cofinanciar el futuro de esa dependencia. Esto hay que abordarlo porque es muy fácil mirar hacia el Estado para que lo arregle todo, pero tenemos que buscar otras soluciones.

Otros riesgos que han sido mencionados, como el de fallecimiento y por tanto el de mantenimiento del nivel adquisitivo de una familia en términos de viduedad, son públicos o son privados. En lo privado, en España hay 20 millones de seguros de vida privados y lamentablemente el seguro de dependencia cuenta solo con 20.000 asegurados. Por tanto, tenemos mucho que hacer y además con la ventaja de financiación que supone la deducción. No es así, por otra parte, con respecto al problema a corto plazo, porque las familias están haciendo un esfuerzo de desembolso y paradójicamente el seguro de dependencia tiene una deducción fiscal y lo que una familia paga en una residencia no tiene ninguna ventaja fiscal, y lo natural sería que también pudiera contemplarse esto. Entiendo que si una persona hace un importante esfuerzo económico para mantener una calidad de vida en un centro residencial, ese esfuerzo debe ser entendido como un esfuerzo que de alguna manera drena el esfuerzo que hace el conjunto de la sociedad y por tanto debería tener ventajas.

Como parte de la sociedad civil, nosotros tenemos que dar respuestas y estamos en ese planteamiento porque como sector no lo hemos trabajado bien. Precisamente una gran multinacional acaba de anunciar un seguro de dependencia, y nosotros vamos a lanzar un seguro de dependencia antes de final de año, en una primera modalidad que pensamos seguir desarrollando a medio plazo. Creemos que esto es una contribución, junto con la respuesta a la necesidad que ya tiene hoy el colectivo a través de la red de residencias. Hay muchas cosas encima de la mesa que son muy interesantes, pero creo que también deberíamos hablar de la homogeneización de trato, porque no se puede entender que una comunidad autónoma pague un 4 por ciento de IVA en los servicios de una residencia y la familia que bien esté en un centro privado o bien en un concertado tenga que pagar un 10; es el mismo servicio y no tiene sentido. Tampoco tiene sentido que haya comunidades autónomas que exijan a una residencia, para poder funcionar, tener una UVI con seis camas cuando eso significa tener metros cuadrados ociosos. Hablar de futuro es hablar de eficiencia, y no es eficiente que las residencias concertadas, públicas o privadas, tengan que tener este tipo de recursos, porque no es el lugar adecuado para el tratamiento de un agudo. A la inversa, ocurre lo contrario, la derivación de pacientes a residencias hace que el tratamiento sea mucho menos costoso, por lo que mejorar en la coordinación y en la colaboración público-privada para derivar las altas hospitalarias a centros adecuados abarataría mucho los costes. Pensamos que son medidas relativamente sencillas, porque son de carácter  operativo.

Albert Vergés.

Albert Vergés, director general de la Fundación Edad&Vida: Me gustaría poner en evidencia que esta ley, que en su momento se catalogó como algo muy importante, adolece de los defectos que hoy estamos acusando. Desde el primer día que nació la ley ya dijimos que habría un conjunto de temas que ocurrirían tal y como están pasando, la única cosa es que la Administración, que es lenta, le ha costado casi cinco años cambiar el marco de algunos temas.

Tenemos un primer problema importante. Hay una Ley de Dependencia, pero 17 aplicaciones diferentes. Eso ni es eficiente ni es eficaz, pero además tiene unos costes importantísimos a la hora de actuar. Además, no existe un marco claro y transparente en todo lo concerniente a la ley y sobre todo aplicado a la colaboración público-privada, tanto en el sector asegurador como en el sector proveedor de servicios e incluso en el propio ciudadano, que no tiene unas reglas absolutamente marcadas. Para poner un ejemplo de esto último, en la ayuda a domicilio un pueblo de Madrid puede establecer un copago y en el de al lado no.

Cuando la ley nace, lo hace pensando en un crecimiento demográfico en el que crecerán más las personas mayores de 80 años y por tanto susceptibles de ser dependientes, y además nace con la voluntad de ordenar la situación, porque la falta de un orden y de un marco claro, que sigue faltando, y de transparencia, está llevando al ciudadano a utilizar otros mecanismos con un coste más elevado. Dicho de otra manera, el ciudadano recibe la atención por parte del sistema sanitario, costando entre 6 y 7 veces más que le costaría en un servicio ordenado de otra manera.

Aquí intervienen temas tan importantes como la coordinación sociosanitaria. Tenemos estudios en las manos que muestran que atender una persona sin retroceder un ápice en la calidad costaría siete veces menos en un sistema de cuidados de larga duración que en el sistema sanitario. Esto lo sabemos todos, pero qué hace falta para hacerlo. A nivel político todo el mundo lo menciona, pero nadie tiene la voluntad política de hacerlo. Esto hay que aplicarlo, aunque entendemos que cuesta porque habrá que tomar decisiones complicadas e incluso alguna de ellas puede ser cerrar camas hospitalarias de agudos, pero es evidente que esto debe solventarse.

Cuando hablamos de reglas claras y transparentes a nuestro juicio hay un tema que es fundamental en el ámbito de los proveedores: que el acuerdo de acreditación del Consejo Territorial no aporta absolutamente nada a las autonomías y hasta que no tengamos un sistema de acreditación como pasa en el Sistema Nacional de Salud perfectamente ordenado de cómo atender los servicios en los diferentes grados y qué tipo de proveedores son los que tienen que dar ese servicio, difícilmente podremos solventar los problemas. Esto es un marco claro y ordenar el sector como está en el sistema sanitario. Dicho de otra manera, es como si el tratamiento de unos cuidados intensivos en el hospital fueran atendidos igual que una fractura ósea. No se puede tratar cosas diferentes de igual manera, son cosas diferentes con costes diferentes.

La coordinación sociosanitaria es un problema de eficiencia. La actual situación nos lleva a que si tenemos un problema de dinero tenemos manera de resolverlo, pero, ¿por qué no lo hacemos? Tengo dudas, pero evidentemente lo primero que hace falta es la acreditación, porque sin ello no puedes establecer esos vasos comunicantes que son necesarios.

En el tema de la financiación, es una cuestión de insostenibilidad. Francisco Juan mencionaba este problema. Desde el principio nosotros apostamos por un aseguramiento privado, un sistema que funcionara, que se ordenara, que fuera colaborador en la financiación de las personas, y que además se planteara en clave de riesgo, porque hay otras maneras de asegurarlo. Hay que hablar de todo el aseguramiento, pero la apuesta debe ser clarísima porque el Estado no podrá hacer frente a todo por sí sola. Además, la necesidad de profesionalización también es evidente y hay que apoyarlo.

En este momento yo diría que hay inestabilidad; tanto los proveedores como el sector asegurador tienen voluntad pero no se encuentra en el marco idóneo para desarrollarlo adecuadamente. Creo que la culpa no es toda del sector asegurador, creo que hay cosas que se han hecho en el sector asegurador que no han permitido que esto emerja.

Ante esta situación de inestabilidad hay un elemento que quiero poner en valor: este sector, además de crear muchos puestos de trabajo, puede ser una fuente de inversión, y con las actuales reglas, la inversión está parada. Nuestro país no se puede permitir que haya elementos de inversión en el mundo empresarial hacia sectores como este parados cuando sabemos que las necesidades son muy superiores a lo que estamos ofreciendo.

César Antón: Me gustaría recoger temas que, como representante del Gobierno, nos interesan, somos sensibles y, sobre todo, estamos haciendo cosas por ello. Por matizar lo que se ha dicho hasta ahora, creo que hay dos aspectos fundamentales. Me gustaría que hablásemos también de servicios sociales, porque la red de servicios sociales, tanto pública como de las entidades colaboradoras, es muy anterior a la Ley de Dependencia. Y esa colaboración público-privada en el marco de los servicios sociales nadie la ha puesto en duda nunca. Creo que el éxito y la clave de cómo se ha aumentado la protección social o la atención a los mayores, a personas discapacitadas, etc., ha sido esa colaboración público-privada, sin la que no habría sido posible. Habrá que actualizar la normativa, pero ha estado regulado. Además, los servicios sociales han generado empleo profesionalizado, estable y localizado en España. Por poner un ejemplo, cuando se abre una residencia de 100 plazas incluso en una localidad pequeña se están generando como mínimo 70 empleos y para mucho tiempo.

La propia Ley de Dependencia ya decía que los servicios sociales venían atendiendo las situaciones de dependencia y si vemos el catálogo de servicios de la ley es coincidente con el de los servicios sociales, y lo único que distorsiona y cambia es la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, porque en los 20 años anteriores todo lo que habíamos dedicado a esto lo habíamos dedicado a dar servicios profesionalizados a la persona y a la familia, pero no dinero. Creo que esto ha distorsionado y se han visto los resultados, porque lo excepcional se ha convertido en regla.

Hay que romper una lanza para poner en valor los servicios sociales y señalar que la dependencia no puede hablarse fuera de los servicios sociales, si bien no son lo mismo, es una pequeña parte de los servicios sociales.

Por otra parte, se ha hablado de eficacia, eficiencia, ordenación, transparencia y, por supuesto, en el ámbito de la sostenibilidad. Respecto a la financiación, en los servicios sociales también estaba admitida la aportación del usuario, normalmente en función de su pensión. La Ley de Dependencia añadió un apartado más, el patrimonio. Pero lo que ha pasado es que no se ha desarrollado esa aportación del usuario; se hizo una memoria de financiación de la Ley contando con comunidades autónomas y Presupuestos Generales del Estado, pero en cinco años, y creo que eso nos diferencia del Gobierno anterior, no se desarrolló la aportación del usuario. Es una situación políticamente delicada, pero en los siete primeros meses este Gobierno, en el Consejo Territorial, ha acordado una aportación económica en función de renta y patrimonio igual y mínima para todo el conjunto del territorio, lo que hace iguales a los dependientes con la misma situación y capacidad económica, que era un principio básico de la ley.

La transparencia también está ahí, como muestra la evaluación de resultados; y luego hemos ordenado. Se estaban destinando recursos y tiempo para pedir revisiones de nivel mientras había un atasco en las resoluciones de las nuevas peticiones, había que hacer algo. En muchos países de Europa los grados y los niveles no existen, solo existe una cosa, y no podía ser que Alemania y Austria tuvieran como grandes dependientes un 12 o un 14 por ciento y nosotros un 32 por ciento, cuando los indicadores de salud en nuestro país son iguales o mejores. Por eso hemos dejado la estructura solo en grados.

Por otro lado, en el aspecto del empleo, voy a hacer una reflexión. Si los servicios sociales han generado empleo estable y profesional en este país y según los últimos datos, cuando hicimos la evaluación, las altas de profesionales de los servicios sociales en la Seguridad Social de todo tipo eran unos 330.000 profesionales y la Ley de Dependencia estimaba que en 2010 aumentase casi en 290.000 los empleos, es decir, casi duplicar los que había. Los resultados en el año 2010 fueron que se habían creado en 2010 110.000, que es la mitad de las estimaciones. Aun sumándolos a los 330.000, estamos lejos. Lo de crear 600.000 puestos de trabajo…creo que debemos ser sensibles a una situación, el paro, que el principal problema de España.

Por último, respecto a la coordinación sociosanitaria, que unida a la colaboración público-privada que existe y ha sido clave, creo que llevamos mucho tiempo hablando de ello. Hay que ponerse a hacerlo, es cierto, pero nosotros hemos dado dos pasos con respeto absoluto a las competencias de las autonomías: no existe una Ley General de Servicios Sociales que permita regular el catálogo de servicios sociales, porque incluso la Ley de Dependencia marca el mismo, por lo que hemos propuesto al Consejo Territorial establecer al menos un catálogo básico y común para todos los servicios sociales. No es que estemos inventando nada nuevo, pero creo que aclara el sector e incluso beneficia a las familias, que se mueven por todo el territorio. Con esto, junto al catálogo de servicios del SNS, creo que está abocado a marcar lo que es la atención sociosanitaria.

Creo que los pasos que habrá que dar son marcar ese contenido que nace de estos dos catálogos, regular los requisitos que deben cumplirse para marcar quién puede dar determinado servicio y quién no, pero con un matiz, que es que no nos debemos fijar en el espacio sociosanitario solo desde el punto de vista de aquellas personas que están atendidas de forma especializada en el SNS en un hospital y que puedan estar atendidas de forma más económica o más eficiente en un centro que denominemos de atención social y sanitaria a la vez. Creo que la persona necesita a lo largo de su vida la atención sanitaria y de los servicios sociales, y creo que la sanidad quizá no ahorre, porque seguirá utilizando la cama, pero será más eficiente, más eficaz, despachará antes a los agudos.

Además, no nos debemos olvidar de que los servicios sociales tienen mucha experiencia de ir al domicilio a atender a la persona y a la familia. La estimación que hemos visto es que el 80 por ciento de los grandes dependientes han elegido ser atendidos en su domicilio. La segunda cuestión es que ojalá esta atención sea con servicios profesionales. Los servicios sociales tienen esa experiencia, pero sin embargo estamos acostumbrados a ir al médico, por lo que hay un campo importante para que una atención sanitaria primaria se haga coordinada con los servicios sociales.

Albert Vergés: Parte de lo que ha dicho César tiene razón, y es cierto que se están intentando hacer pequeñas o grandes modificaciones en algunos aspectos. Algunos de los cambios que salieron del último Consejo Territorial, como la reducción de los niveles, van en buen sentido. Pero creo que hay otros aspectos en los que estamos en el principio del principio, y por lo tanto creo que hay muy poca cosa en este sentido.

Cuando resulta que estamos hablando de crear empleo hay que pensar que la situación actual en muchos de los proveedores es extremadamente compleja, y donde están actuando es en la reducción de los costes, porque se están reduciendo de una forma bárbara. Por ejemplo, la mayoría de las comunidades autónomas han pedido este año una reducción de entre el 10 y el 15 por ciento de las tarifas actuales que aportan para dar el mismo servicio; deben pensar que hay ese margen de maniobra, pero no es verdad, no existe. Cuando hablamos de reglas claras de juego en la colaboración público-privada, creo que lo principal debe ser la atención a las personas y, por ejemplo, cuando se marcan esas reglas en un concurso hoy muchos de ellos establecen como único elemento con valor para adjudicarlo a cualquier proveedor es exclusivamente el precio, y eso es un error. Hay que atender a los dependientes, pero hay que hacerlo bien, no es suficiente atenderlos.

Por otra parte, cuando se habla del cuidador familiar, probablemente hay una gran diferencia en el tipo de dependencia que tenga el dependiente. Comparto la idea y la voluntad de la mayoría de gente de querer ser atendida en su casa, pero hay cosas que no se pueden hacer en casa y hay que hacerlas fuera, y por tanto hay que guiarse por la economía de escala, porque si no es imposible atenderlo.

Sí se ha hecho un esfuerzo en el ámbito del copago, y eso hay que reconocerlo, porque lo de renta y patrimonio ya lo decía la ley, pero no lo aplicaba nadie. Pero no tan solo dejaban de aplicar esto, sino que todos sabemos que la memoria económica de la ley decía que habría un 33 por ciento de copago de media por parte del usuario, lo que significa que habría gente que pagaría 0 porque no tiene, y gente que pagaría 80 porque dispone de mucho más. Pero no hay ni una sola autonomía que haya pasado del 12 por ciento. Esto tiene un valor clarísimo, y es que si se hace se penaliza en las elecciones y los grupos políticos son muy cuidadosos en este sentido. Y luego, el tema del cuidador familiar, planteado como está planteado, en donde en Andalucía, por ejemplo, se habla de “la paguita” en un sentido tan despectivo de dinero a cambio de muy poco control…Esto podía haber sido de otra manera. ¿Saben que cerca de la mitad de los recursos gastados se van al cuidador familiar? Cuando sumamos una cosa y la otra, la diferencia entre todo lo que se aporta a servicios y todo lo que se aporta al cuidador familiar, está muy cerca.

Respecto a la coordinación sociosanitaria, creo que es una apuesta que este país tiene que hacer. Primero porque no es lógico que tengamos gente atendida en sitios que cuestan mucho más cuando podemos tenerlas en sitios que cuestan menos dándoles el mismo servicio. Hablemos de los cuidados paliativos, de la convalecencia, de los agudos, de los cuidados de larga duración con módulo sanitario…en la dependencia tienen un gran papel los servicios sociales, y un gran valor que a veces no se les reconoce, pero no solo es de servicios sociales, sino que hay una atención de carácter sanitario que está vinculada al llamado ‘continuo asistencial’, es decir, atender a la persona en su integridad y no en partes.

Creo que hay un recorrido muy amplio y sé que se están intentando hacer esfuerzos, pero el problema de estos esfuerzos es que hay que ser valientes. Por ejemplo, en el tema de la financiación, que políticamente marca qué tipo de acciones hay, qué apuesta hace este país. En Europa se gasta el 1’5 del PIB en temas de carácter de cuidados sociosanitarios, pero España está en el 0’6. Es decir, hay un amplio recorrido para poner recursos. Pero lo más importante es que cuando no hay lo que sí es exigible a la Administración es que ponga los recursos adecuados a disposición del sector asegurador y en otros servicios para que a futuro la respuesta sea la adecuada, porque si no tomamos ninguna decisión, al final no habrá y solo estarán atendidos una parte, y el resto no.

Francisco Juan: Estamos en España, una sociedad latina, del sur de Europa, en la que la familia tiene un peso tradicional diferente a otros países del norte de Europa. Evidentemente, la familia muchas veces cubre la dependencia o dramas familiares de personas que se quedan dependientes de la propia persona dependiente, y si hay alguna ayuda, es bienvenida, y en otros casos estos temas se soluciona a través de la señora inmigrante que vive con la persona dependiente en condiciones que prácticamente le impiden salir de casa.

Creo que el tema, ya lo decía antes, no está resuelto. ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden crear? Pues depende. En Finlandia hay una persona por dependiente, trabajadora de forma formal, mientras que en España, una por cada diez dependientes. Entendemos que no podemos compararnos. Es necesario un marco estable en el que estén claras las reglas del juego, porque así habría inversores que entraran en este ámbito y se podrían crear muchos puestos de trabajo y habría, sin duda, generación de riqueza.

Con respecto a las aseguradoras, la ley sí permite que haya seguro, pero en los cinco años que llevamos de aplicación de la norma, que haya 20.000 asegurados lleva a preguntarse si las aseguradoras hemos hecho nuestro papel o no. Creo que requerimos un marco claro, estable, razonable. DKV pertenece a un grupo multinacional y sabemos cómo funciona este tema en otros países, y en cuanto el Estado establece unas reglas diáfanas, nos volcamos en ese mundo. ¿Por qué se hace de forma tan pacata en España? En el seguro existen tres posibilidades: cuando uno asegura, ¿qué asegura? O bien una cantidad en el caso de que alguien quede dependiente, o bien unos servicios de por vida o bien un sistema mixto entre ambos. El primer caso no resuelve el problema, porque una persona no sabe cuánto tiempo va a vivir esa situación de dependencia. Esto no es una garantía de solución del problema. Esa garantía sería decir que mientras el asegurado viva los servicios de calidad se le van a prestar. Eso es resolver realmente el problema, y entiendo que esa falta de definición del marco que nos permitiría a las aseguradoras ir más allá no está bien resuelto.

Pero no se trata de resolver el problema a unos cuantos a través de un seguro privado, sino que hay que resolverlo a toda la sociedad, es un problema de Estado y creo que hay que definir reglas comunes. Desde mi punto de vista, la gran dependencia tendría que estar asegurada, con provisión pública o privada, por el Estado para todos, y luego, para la dependencia ordinaria, ahí sí debería haber incentivos fiscales, ya sean subsidios para determinados niveles de renta o propiciar un marco estable en el que la gente que quisiera pudiera asegurar esa posible contingencia.

José María Martín Gavín: Coincido en que las cosas hay que valorarlas en términos de la prestación que estoy garantizando y si es lo suficientemente atractiva, porque nadie me va a comprar algo si no lo necesita y si no le resuelve las cosas, pero soy un convencido de que el sector asegurador ha hecho mucho por el futuro de este país en muchos sentidos, de hecho hoy, con lo mal que estamos, estaríamos muchísimo peor si no fuera por ese sector, que está resolviendo muchos problemas a la sociedad en cuanto a la siniestralidad de cualquier concepto.

Recuerdo que hace 25 años cuando ofrecías un plan de jubilación, que en aquella época tenía deducción fiscal, la objeción principal de la mayoría de las personas era “no, yo tengo seguridad social”. Durante todos estos años nosotros hemos estado contando que la pirámide poblacional es la que es, que es ajena a que haya una administración política u otra, y con una natalidad del 1’27 y una expectativa de supervivencia que ha evolucionado hasta 85’5 años en una persona que hoy tenga 60 años, pero es que quien hoy tenga 43 años, tiene una expectativa de hasta 89 años, según las estadísticas. En España hay 8 millones de partícipes de fondos de pensiones, ¿con eso esos partícipes tienen garantizado un nivel de vida el día que se jubilen? Pues probablemente no o no lo suficiente, pero desde luego si no tienes el fondo de pensiones, lo vas a tener peor,  y esa sensibilidad de la que hemos hecho campañas importantes todas las aseguradoras e incluso iniciativas sectoriales a través de  ICEA o de Unespa, han creado una sensibilidad social, y creo que estamos en la posición de facilitar mayor sensibilidad social, y en el tema de la dependencia no es que hoy tengamos 800.000 personas en grados 2 y 3, sino que vamos a tener 1’6 millones, y eso está a la vuelta de la esquina.

Por tanto, creo que las soluciones están en muchas de las cosas que se han comentado. Ahora mismo somos como una olla a presión, y hay que liberar esa presión. En ese sentido, la coordinación, para que sea eficiente el recursos que estamos destinando, puede liberarla de forma inmediata; la homogeneización también ayudaría mucho; la igualdad de trato es fundamental; que haya reglas del juego claras, etc. Con esto, podremos hacer muchas cosas.

Otro aspecto son las plazas. Creo que hay que hablar de la inversión en plazas. No tenemos suficientes plazas, no está bien ordenado.
Faltan y sobre todo faltarán. Según el ratio de la Organización Mundial de la Salud, debe haber un 5 por ciento, pero yo considero que nuestros estándares deberían ser superiores. Tenemos comunidades autónomas con un 7 por ciento de plazas y otras con un 2 por ciento. La oferta y la demanda no están bien situadas, y hay una cosa clave que es la orientación de los recursos actuales. El tema de los cuidadores familiares es un abuso también de olla a presión, y los enfermos están siendo no bien tratados, aunque sea con la mejor de las voluntades, porque el amor de la familia hace muchas cosas, pero una persona que está encamada y está con escaras está sufriendo y no está teniendo un trato profesional. Igual que la Administración sabe dar la titulación adecuada a una persona para que ejerza la medicina o para que vayamos a un centro que nos da un título universitario, no cualquier familiar está en condiciones de ser apto ni cualquier domicilio lo es para dar esa atención.

Juan Sitges: ¿Cómo no vamos a estar en una olla a presión si es un sistema tremendamente joven? Hasta que aprendamos y hasta que realmente eche a andar el sistema estaremos en una continua olla a presión. Volviendo al comienzo, creo que se pide más que nunca esa unidad entre todas las partes actoras del sector para intentar, en la medida de lo posible, que el sistema funcione y lo haga de la mejor manera posible.

En cuanto a financiación, creo que la inmensa mayoría de las compañías de seguros tienen hoy por hoy un seguro o en el ramo de vida o en el ramo de enfermedad…

José María Martín Gavín: Quince, solo son quince de entre cien…

Juan Sitges: Sí, pero son quince que representan el 80 por ciento del mercado. Tendremos que hacer, como decías, un ejercicio de concienciación en el que debemos tener la ayuda de las administraciones. La población española debe saber que el Estado no puede cubrir todas las situaciones de dependencia igual que no puede cubrir todas las pensiones para garantizar una calidad de vida deseable. Tenemos que trabajar para concienciar y para que la ciudadanía sepa que como complemento a la ayuda de la administración están nuestros productos, que aún no se están desarrollando en el marco idóneo, pero que si al final comprobamos que tienen tirón y pedimos incentivaciones a la Administración, estoy seguro de que en unos años crecerá el número de asegurados.

César Antón: Hay cuatro aspectos de los que se ha hablado y que me gustaría aprovechar para explicar qué hemos hecho respecto a ellos desde la Administración. En cuanto al tema de los recursos dedicados al cuidador familiar, fuimos nosotros los que aportamos dos datos: aunque estaba considerado como una excepción en la ley, más del 45 por ciento de los dependientes tienen cuidadores familiares, pero es que, además, el Estado ha destinado 1.047 millones a pagar las cuotas a la Seguridad Social de esos cuidadores, que no es atención a la dependencia, con todos mis respetos, porque la ley marcaba atender a los dependientes a través del catálogo de servicios. Pero es que además, ya que hablamos de transparencia, se decía que se presupuestaban 33 millones al año cuando en realidad se gastaban 330 millones y no se pagaba la Seguridad Social. Dicho de otra manera, esos 1.047 millones durante cinco años puestos a disposición del cuidado a dependientes a través de servicios, ¿cuánta actividad económica y empleo habrían generado? Además, no tendríamos deuda con la Seguridad Social.

Siguiendo con los cuidadores familiares, este Gobierno, y con acuerdo en el Consejo Territorial, entendió que en la fase de elección del catálogo, cuando alguien se le propone la valoración del PIA, sea atención en centro de día, teleasistencia, cuidados residenciales, sean los profesionales y la Administración quien decida. Es un paso importante para primar los servicios frente a los cuidados familiares.

Hay que tener en cuenta que cuando un trasatlántico lleva navegando con un rumbo durante cinco años es difícil cambiarlo de la noche a la mañana, pero somos conscientes de que las comunidades autónomas que más servicios daban no eran las que más fondos recibían de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso hemos planteado que en los próximos cinco años se ponderen los cinco primeros años a aquellas autonomías que más servicios han dado frente a las prestaciones para cuidador familiar. Es un incentivo más para promover los servicios.

Hemos exigido que cuando se vaya a presentar la valoración de dependencia se garantice una formación mínima del cuidador, que se cumpla y que el entorno social y geográfico sea el adecuado, y, por supuesto, marcar quién es el cuidador principal, porque no puede serlo alguien que vive lejos del dependiente.

Y por último, de cara al aseguramiento privado, el Consejo Territorial del 10 de julio ha propuesto que se empiece a trabajar lo que ya decía una disposición adicional de la propia Ley de Dependencia, es decir, que se establezcan las condiciones para el desarrollo del aseguramiento privado para la dependencia con las condiciones fiscales. Se podía haber hecho hace cinco años, pero vamos a trabajarlo ahora. Las familias y los dependientes tendrán un marco donde decidir si eso se desarrolla, porque por primera vez a la misma capacidad económica en Galicia, en Cataluña, en Andalucía o en Castilla y León la aportación del usuario va a ser mínima en todas las comunidades, o dicho de otra manera, ante el mismo catálogo de servicios, misma situación de dependencia y misma situación económica van a tener que hacer la misma aportación. Veremos si se desarrolla el seguro privado qué opciones tiene.

Albert Vergés: Que hay plazas vacías es más que público y notorio, lo que pasa es que no se llenan porque no se están dando los mecanismos adecuados ni la gente tiene los recursos para poder optar a este servicio de forma absolutamente privada y no hay mecanismos de previsión anteriores como aseguramientos y, por otro lado, las distintas administraciones están en este momento en una situación renqueante para dar nuevas plazas, nuevas autorizaciones y en qué condiciones.

La situación del sector es esta, es la realidad, y reclama una apuesta clara. Pensemos que ha habido inversiones muy importantes. Una residencia de 120 o 140 plazas puede suponer una inversión de 8 millones aproximadamente. Pero el sector también reclama una acreditación al objeto de poner a cada operador donde está, y no puede ser que haya en muchas autonomías una tarifa única, porque no cuesta lo mismo el cuidado de un gran dependiente que el de una moderada. Esto es una barbaridad, y no es un problema de medias, sino de qué puedes atender. Un hospital se paga en función de a qué se dedica, y tiene sus aportaciones en función de esto. Por eso es tan importante la acreditación.

Entiendo que la situación de los gobiernos autonómicos lleve a recortar por todos lados, pero es importante y es una barbaridad estar pidiendo entre el 10 y el 15 por ciento menos de la tarifa que estaban pagando hasta ahora. Entendemos el problema de las administraciones, pero entonces hay que decirle al ciudadano que no hay más recursos y que tendrán que aportar un poco más o buscar otras fórmulas para poder hacerlo. Lo evidente es que esto no se puede cargar sobre el proveedor, al que se rebajan los recursos, le quieren bajar la tarifa y le pagan cuando quieren, aunque menos mal que el último fondo del Gobierno central ha pasado a proveedores porque si no habría gente que estaría muerta por el camino.

César Antón: Respecto al tema de las plazas, más allá de las situaciones coyunturales, no hay una planificación adecuada de las plazas necesarias para atender a personas en situación de dependencia y se puede revisar. Habría que analizar cuántas de esas 50.000 plazas vacantes lo están porque quizá no son adecuadas para dar la asistencia que es necesaria, habría que ver dónde y por qué. Y tercero, hay que empezar a decir unos están atendiendo, otros podrán atender y otros no podrán hacerlo. Hay que pensar que las personas, y se respeta absolutamente, quieren cada vez más permanecer en su domicilio. Hay que pensar cuál es el modelo de atención residencial del futuro, que no puede ser el que hay ahora.

Al hilo de esto, lo que ha encargado la ministra Ana Mato es que, marcado el catálogo de servicios, marcada la cartera de servicios, hay que decidir cuáles forman parte de la atención sociosanitaria. Los pasos son establecerlo; fijar los contenidos de qué se entiende por esa atención; marcar quién está preparado para dar esa atención; y creo que tanto en servicios sociales como en el área de la sanidad, la colaboración público-privada está establecida, aunque quizá los pasos son establecer la cartera, los contenidos, quiénes pueden dar la atención y después serán los sistemas de servicios sociales y de salud los que al final decidan cómo lo derivan, cómo lo aportan. Este es el marco y si somos capaces de establecerlo, estaríamos sentando las bases de verdad de lo que es la atención sociosanitaria.

Francisco Juan: La eficiencia es clave aquí. El problema económico no está resuelto. ¿Cómo se cuadran las cuentas? Hay un problema muy serio. Antes he nombrado de pasada a Muface, que es un ejemplo de colaboración público-privada, infrafinanciado, dicho sea de paso, pero hay un dato muy importante. ¿Qué cuesta la atención sanitaria a una persona en el sistema público de salud? Depende de la autonomía, pero la media está en 1.100-1.200 euros por persona y año. ¿Cuánto nos paga Muface por lo mismo a las aseguradoras? Entre 600 y 650 euros por persona y año. Estamos hablando de un 40 por ciento menos, y es cierto que ya nos están llevando a una situación de asfixia, pero lo cierto es que hoy por hoy estamos dando el mismo servicio sanitario con un 40 por ciento menos. Es decir, es una muestra del juego bien regulado y la eficiencia que puede aportar el sector privado si se hace bien, evidentemente. Creo que podemos dar una ayuda muy importante si se nos ofrece el marco jurídico necesario para que las aseguradoras nos lancemos al campo de la dependencia e invertir sin riesgo de que los centros queden vacíos.

Albert Vergés: En este país aún se sigue confundiendo a veces al hablar de colaboración público-privada entre garantía pública y gestión pública. El Gobierno puede garantizar una atención, pero no tiene por qué ser hecho por la gestión pública si la privada es más eficiente. Un ejemplo: aunque es difícil tener datos del coste de la atención en residencias públicas puras para dependientes, podemos tener una estimación, y de acuerdo con unos datos de los que disponemos, el coste es de 3.750 euros al mes, cuando a nivel de concertado el promedio está sobre 1.800 euros. Es decir, hay muchas maneras de gestionar, pero hay que hacer una apuesta y lo que debemos pedirle a la Administración es que garantice el servicio y que deje en manos de la gestión el cómo debe hacerse y en base a las reglas que hay, porque el sector asegurador puede aportar mucho ahí, y lo que hemos hecho hasta ahora, y también el sector asegurador, aunque la disposición séptima de la ley daba seis meses para regularlo, pero lo único que se reguló fue ponerlo al mismo nivel que los planes de pensiones, pero no como un segundo ahorro sino el mismo ahorro diferido en dos temas.
 

De izquierda a derecha: Juan Sitges, director de la Fundación Caser para la Dependencia; César Antón, director general del Imserso; Ricardo López, director general de Sanitaria 2000; Francisco Juan, director general de DKV Seguros; José María Martín Gavín, director general de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), y Albert Vergés, director general de la Fundación Edad&Vida.

José María Martín Gavín: Respecto al porcentaje de PIB destinado en los países a los dependientes, al final la mayor parte de la gente mayor acaba llegando a una situación de dependencia, es ley de vida. Si hablamos del PIB destinado a mayores de 65 años, nosotros destinamos el 6’5 con datos de 2009, son un poquito atrasados. Hablamos de dependencia, de servicios sociosanitarios, etc. Italia, que tiene una pirámide poblacional casi calcada a la nuestra, destina el 13’1 por ciento, y es el país que más destina en la UE a mayores de 65 años. Nuestro 6’5, y engloba lo público y lo privado, equivale al 6 por ciento de Lituania o al 6’8 de Bulgaria, y el resto de países equivalentes son de ese perfil. Es difícil pensar en calidad de vida para mayores sin recursos, y los recursos son escasos en los tiempos que corren.

Juan Sitges: La calidad de vida empieza antes de los 65 años. Ahí hay un ejercicio de responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos de ir trabajando esa calidad de vida a futuro. Habría que trabajar más en el marco de la autonomía personal y no tanto la dependencia. La ley se llama de autonomía personal y dependencia.

Hay una cosa que me llama la atención. En los últimos cinco años hemos estado haciendo rankings de quién atiende a más dependientes, cuando no tendría que haber sido así. Nos estamos peleando por ver quién tiene más dependientes dentro de su comunidad autónoma, y debería ser al revés, cuantos menos haya, mejor, porque querrá decir que somos una sociedad con buena salud.

César Antón: El Consejo Territorial de julio se ha comprometido a que las autonomías y el ministerio elaboren un Plan de Promoción de la Autonomía Personal, que está en la cartera y en el título de la ley, pero no se ha trabajado.

No quiero abrir polémica, pero con respecto a la inversión sobre PIB, hay que ver también las características del país. En España la principal red de protección social es la familia y está absorbiendo muchísimas situaciones y hay ayudas para su conjunto. Creo que la protección social de España respecto a Europa, estamos entre los primeros. Es responsabilidad de la Administración y debiéramos ser capaces de tener un sistema de información de servicios sociales para España en el que se indicase la población atendida, los recursos existentes, las coberturas y el gasto, porque si cada uno lo mide de una manera distinta que no es homogéneo al compararlo con Europa, mal haremos.

José María Martín Gavín: La estadística de la que hablaba es de Eurostat, y por tanto se basa en los datos que aporta el Estado español…

Conclusiones

Albert Vergés: Las dos apuestas básicas serían reforzar la colaboración pública-privada en este sector para huir de la inestabilidad y trabajar en la sostenibilidad, y para ello se requieren marcos claros y definidos para que los diferentes agentes implicados actúen. Por otro lado, hablamos de eficacia y eficiencia y tenemos la oportunidad de hacerlo por ejemplo aplicando una acreditación que dará solvencia y atención clara de qué tipo de servicios ofrecemos a los ciudadanos, esto debería unirse a una apuesta clara por la coordinación sociosanitaria. Todo esto favorecerá a destensar la tensión económica que hay actualmente en los presupuestos de dependencia y los sanitarios.

José María Martín Gavín: Hablamos de personas, y las personas tienen problemas y necesidades y en esa clave tenemos que trabajar. Por tanto, el planteamiento debe ser de unidad, porque el problema es que el sistema no es maduro y hay que trabajar para que madure deprisa en un contexto muy complejo porque la sociedad ahora todo lo quiere pensar y todo lo quiere arreglar, y por tanto hay que ponerse a ello. En esa dirección, hay que profesionalizar, homogeneizar y coordinar para resolver un poco los retos del presente pero sobre todo situarnos en otra óptica de cara al futuro porque si no la situación será peor.

Francisco Juan: Como se ha visto, es complejo. La apuesta por la promoción de la autonomía personal es básica, todos tenemos una parte de responsabilidad en esto por la cuenta que nos trae, pero tenemos que hacerlo ver y propiciarlo. Debemos ir a una unidad de mercado, porque lo que tenemos es un poco caótico. Además, el sistema no está resuelto, sobre todo financieramente, y creo que lo que pediríamos las compañías de seguros y los prestadores privados es definir el marco, porque estamos dispuestos a trabajar, a colaborar, a prestar eficiencia, y creo que la escasez es fructífera y este momento es idóneo para mover lo necesario para que funcione.

César Antón: Hay que recuperar el valor de los servicios sociales profesionalizados, que durante los últimos años los hemos dejado de lado por dedicarnos más a la atención a la dependencia, que es una parte. Tenemos que hablar de la prevención y desarrollar la promoción de la autonomía personal, que es un reto que tenemos en el ministerio y que debemos liderar con las autonomías. Queremos que el SAAD sea sostenible, ordenándolo, haciéndolo transparente y adaptándolo a la situación actual, y hace falta un marco definido con criterios definidos, marcar quién puede dar las prestaciones y desarrollar esa colaboración público-privada que ha sido clave en el desarrollo de la protección social. Los servicios sociales deben pensar en la atención social a la persona combinado con el aspecto sanitario para dar una atención integral a la persona y a la familia. Además, creo que un buen sistema de atención a la dependencia no es el que más dependientes tiene sino el que mejor atiende a los que tiene que atender. Y, por último, creo que estamos ante una situación en la que debemos dar un giro a lo que se ha denominado estado del bienestar para convertirlo en sociedad del bienestar, en la que todos, el Estado, las familias y los individuos aportemos para nuestro propio bienestar.

Juan Sitges: Me gustaría reiterar el concepto de unidad para poder trabajar conjuntamente los diferentes actores en los apartados de financiación, de homogeneización, de transparencia, etc. En tiempos de escasez pueden surgir grandes ideas que puedan hacer el sistema sostenible en el tiempo.